Marco de la protección a los nacionales en el exterior

 

Por Manuel Morales Lama

    Si bien es responsabilidad del Servicio Exterior prestar la protección y debida asitencia a los nacionales residentes temporal o premanentemente en los correspodientes Estados receptores, tal como lo consignan las legislaciones interna e internacional al respecto, la protección que corresponde al nacional en el extrajero no siempre es conocida en su real magnitud por quienes tienen  derecho a solicitaria. Empero, en ótras ocasiones, puede no ser deseada o posible: los turistas, los hombres de negocios rara vez se ponen en contacto con las misiones diplomáticas y consulares de su país en el exterior. No obstante, estas misiones son los servicios públicos del Estado quen con mayor propiedad pueden apoyar a los nacionales, en los diversos âmbitos para evaluar jurídica y políticamente los riesgos y las amenazas de pérdida de bienes y para tratar los casos más graves de arbitraje, entre otros esenciales aspectos.
     Las condiciones que deben tomarse en cuenta antes de que el agente diplomático o funcionario consular pueda válidamente otorgar la correspodiente protección conforme la señala Philippe Cahier, son las siguientes: a) El acto que perjudique al connacional debe ser ilícito en relación con el derecho internacional; b) la persona que solicita la protección debe poseer la nacionalidad  del Estado que ejerce la protección, desde el momento en que es afectada por el acto ilícito y hasta el momento en que se ejerce dicha protección; c)un Estado no puede proteger a uno de sus nacionales si éste tiene, al mismo tiempo, la nacionalidad del Estado culpable del acto ilícito, y d) el acto ilícito debe tener carácter definitivo, es decir, que el nacional realmente debe, previamente, haber agotado todas las vias internas de recurso. Empero, esto último no impide que los agentes diplomáticos y funcionarios consulares, teniendo el cuidado de no inmiscuirse en asuntos internos del Estado receptor, no puedan ayudar a su nacional visitándo –le en la prisión, velando a su adecuada defensa, solicitándole aclaraciones a las autoridades locales, entre otras acciones en el marco de sus facultades.
     Debe tenerse presente, sin embargo, que “ningún gobierno podría verse obligado a defender los intereses de un  particular o de una sociedad, en perjuicio de los intereses de todo un país”. En su calidad de agentes oficiales estabelecidos en territorio extranjero, y bayo la autoridad del jefe de Misión Diplomática, las labores de protección de los funcionarios consulares –dentro de su circunscripción, en virtud de un encargo de su gobierno, con la aprobación del Estado receptor consisten, tal como afirma Alain Plantey, en ejercer con respecto a sus connacionales determinado número de prerrogativas juridiccionales y administrativas, tienen el derecho de invocar los tratados en vigor y los usos habituales a favor de las presonas físicas y morales, entre otros fundamentales recursos, en función de las labores de protección y la asistencia que corresponden a sus responsabilidades. Vale recordar, asimismo que, desde un punto de vista eminentemente prático, es a los funcinarios consulares a quienes corresponde infomar a los nacionales residentes en su jurisdición, sobre el derecho de protección que  les asiste y su alcance, mediante el correspondiente documento. Esta responsabilidad va conxa a la obligación de mantener debidamente actualizado el denominado Registro de Nacionales. Para dar el debido “soporte” a las labores de protección, determinadas Cancillerias cuentan en la actualidad con Direcciones Generales que se encargan exclusivamente de esta función, ala que se adscriben unidades especializadas para cada una de sus responsabilidades, que laboran coordinadamente con los departamentos consulares de la institución, en diversos temas de mutua competencia.
      La función de protección en este ámbito, se presenta desde el punto de vista jurídico como un reclamo a la “responsabilidad internacional de los Estados” en aquellos casos en que los ciudadanos del país reclamante, en sus personas, sus bienes o sus intereses hayan sido agraviados. La responsabilidad internacional admite la reclamación diplomática  en los casos de denegación de justicia, también cuando hay retardo injustificado de su administración, o bien e casos de sentencia contra del Derecho. El Derecho Internacional consigna tres formas de reparación en estos casos que son: la Restitución, la Indemnización y por último la Satisfacción. En ese sentido, recuérdese que fueron los “excesos” en las reclamaciones, en el ámbito de la protección, los que motivaron la Doctrina Calvo. Dada la amplitud y particular importancia del tema , otros aspectos del mismo constituirán el contenido de nuevas publicaciones del autor.

            

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