Protección a los nacionales en el exterior

 


 

Por Manuel Morales Lama - 18/09/2011

La obligación de proteger y asistir debidamente a los nacionales residentes temporales o permanentes en el exterior, ha sido por siglos y sigue siéndolo hoy, una de las responsabilidades fundamentales de los respectivos servicios exteriores de los Estados (agentes diplomáticos y funcionarios consulares).

 

Al respecto, cabe puntualizar, que tal como coinciden en afirmar tratadistas contemporáneos, entre las indelegables obligaciones de los jefes de misiones diplomáticas está “velar y hacer que se respete la dignidad del país que representan a través de sus nacionales”, ya sean individuos o empresas. En el mismo contexto recuérdese, que ningún Estado puede verse obligado a defender los intereses de un particular o de una colectividad, en perjuicio de los intereses del país en su conjunto (D. Antokoletz).

 

La protección ha sido consignada como función esencial de la misión diplomática en la Convención (o Convenio) de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (Art. 3.1.b). Dicha protección, precisa E. Vilariño, se ejerce tanto en defensa del Estado acreditante, como de sus nacionales, sean personas físicas o jurídicas, también de las naves y aeronaves con pabellón del Estado acreditante. La protección alcanza intereses públicos e intereses particulares. Como función diplomática el ejercicio de la protección por el respectivo Estado suele significar que es realizada por una misión diplomática permanente, pero, también pudiera llevarse a cabo por misiones especiales o por la denominada diplomacia directa, ante las autoridades correspondientes.

 

La protección quedaría excluida como función diplomática, añade el tratadista citado, cuando es ejecutada por otros medios ante distintas posibles instancias internacionales, bien desde su comienzo, bien como continuación de una primera actuación de la misión diplomática. Téngase en cuenta que eventualmente los actos ilícitos pueden desembocar en una controversia susceptible de dirimirse en tribunales arbitrales internacionales (I. Moreno).

 

En cuanto a la protección consular, el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares (Art. 5), consigna que ésta no se circunscribe únicamente a casos extremos. Abarca una diversidad de servicios brindados a los connacionales, como son las tareas de orientación e información y gestiones ante las autoridades locales, entre otras (C. de Icasa).

 

Los requerimientos para la puesta en práctica de “las acciones internacionales de la protección”, según coinciden tratadistas contemporáneos, son: a) El acto que perjudique al connacional debe ser ilícito con relación al derecho internacional (denegación de justicia, retardo injustificado de su administración, o bien sentencia en contra del Derecho); b) Previamente debe establecerse “el criterio de la nacionalidad efectiva”. Es decir, que exista una relación genuina entre el individuo y el correspondiente Estado. Un Estado no puede proteger a uno de sus nacionales “si éste tiene al mismo tiempo la nacionalidad del Estado culpable del acto ilícito”. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que se podrán formular declaraciones en nombre de sociedades que posean la nacionalidad del Estado demandante; y c) Ninguna acción internacional de un Estado, concerniente al ejercicio de la protección será admisible si previamente a la reclamación el particular no ha agotado todos los medios de reparación que le eran ofrecidos por la legislación del Estado en contra del cual la reclamación es presentada.

 

Esto último no impide que los funcionarios correspondientes asistan al connacional visitándolo en prisión, velando por su adecuada defensa o solicitando aclaraciones a las autoridades locales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional (P. Cahier).

 

Como condición para la protección diplomática (aunque para determinados autores discutible), señala A. Gómez-Robledo Verduzco, está la llamada “conducta correcta” por parte del connacional (“clean hands”). Es decir que el connacional no haya provocado por su propio comportamiento el daño que se alega. Esa práctica existe por parte de la mayoría de los Estados, con mayor rigor por Estados Unidos.

 

Jurídicamente la protección se presenta como un reclamo a “la responsabilidad internacional de los Estados”. El derecho internacional establece tres formas de reparación: la restitución, la indemnización y, por último, la satisfacción.

 

En lo concerniente a la protección de personas jurídicas, constata J. Díez-Hochleitner, que si bien la protección diplomática continúa siendo  un  imprescindible instrumento para la protección internacional del individuo, esencialmente en el campo de los derechos humanos, no sucede lo mismo en el caso de las personas jurídicas, respecto a las cuales se evidencia una firme tendencia al desplazamiento de la institución a favor del arbitraje comercial internacional.

 

Por último, téngase presente que un Estado no puede pretender proteger a sus nacionales contra la aplicación del derecho interno de otro, si esta aplicación se realiza en igualdad de circunstancias para todos los habitantes de ese país.

 



El autor es Presidente del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional y Grande Oficial de la Orden del Merito Consular.

 

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